Ministerio Público solicita Audiencia Preliminar contra Teodoro Bonilla

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) presentó en las últimas horas ante el Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal una solicitud para la celebración de la Audiencia Preliminar en contra de la Juez con Jurisdicción Nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, a quien se le supone responsable de los delitos de Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad en el caso “Shalom”.
Lo anterior, luego que transcurriera el periodo de tiempo que establece la norma procesal penal para la evacuación de dicha audiencia de Etapa Intermedia, en la que el Ministerio Público formalizará acusación y pedirá se eleve la causa a Juicio Oral y Público.
El caso “Shalom” se refiere a la captura y juzgamiento de varias personas en San Pedro Sula por delitos de criminalidad organizada y Lavado de Activos, entre ellos dos parientes del ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quienes fueron beneficiados con resoluciones judiciales gracias a favores solicitados al margen de la Ley a las Jueces con Jurisdicción Nacional Liz María Ernestina Núñez Cardona y Delmy Elizabeth López Paz.
En esta causa, numerosos audios de escuchas telefónicas aportados por el Ministerio Público como prueba pericial acreditaron cómo Bonilla, valiéndose de su cargo,  influyó arbitrariamente para que se emitieran sobreseimientos a favor de sus familiares.
Como se recordará, Núñez Cardona fue capturada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal  (ATIC) en el marco de la Operación “Medusa”, luego que se admitiera el Antejuicio promovido en su contra y se le interpusiera Requerimiento Fiscal por desconocer prueba que establecía que los parientes de Teodoro Bonilla formaban parte de una organización criminal, a la que en enero de 2014, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO), mediante 16 allanamientos simultáneos en la ciudad de San Pedro Sula, les decomisó 74 vehículos automotores, armas de fuego comerciales y armas de fuego de uso prohibido, dinero en efectivo y les aseguró siete inmuebles de origen ilícito.

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