No se puede proteger al pueblo con normas del siglo pasado

  • La sola amenaza de extorsión infunde terror y hay que penalizarla, insiste el presidente Hernández.
  • El gobernante pide al Congreso Nacional que se apruebe lo que es justo para Honduras en el caso de las reformas penales.
  • “Contundentemente les digo que la protesta pública no será criminalizada”, afirma.

Tegucigalpa, 23 de enero. El presidente Juan Orlando Hernández dijo hoy que no piensa “cometer la irresponsabilidad de defender y proteger al pueblo hondureño con normas o leyes del siglo pasado» y argumentó que la sola amenaza de extorsión infunde terror, por lo que es urgente penalizarla como parte de las reformas penales que empezó a debatir el ACongreso Nacional

El gobernante habló ampliamente sobre el tema en conferencia de prensa, justo cuando se ha iniciado en el Congreso Nacional el primer debate sobre reformas del Código Penal, el Código Procesal Penal, así como la nueva Ley del Sistema Carcelario y otras normas que tienen que ver con la política de seguridad del país, a propuestas del Ejecutivo.

Hernández consideró que el pueblo hondureño debe hacerse algunas preguntas con respecto a las mencionadas reformas.

Comentó que “muchos argumentan que el terrorismo fue concebido como un acto no para infundir miedo, porque a veces el miedo se puede controlar, sino terror, ese sometimiento de una o varias personas a través de algo que supera el miedo y eso normalmente se asociaba con actos terroristas ligados al tema político, al tema de sustituir al Estado o los gobiernos”.

Sin embargo, el titular de Casa Presidencial preguntó que, si alguien va en bus y entra un grupo de pandilleros o mareros con pistola en mano, con un tambo de combustible, y dicen que la gente se sale o va a morir quemado vivo allí, “¿es un acto de terror o no es un acto de terror?”.

Además, “cuando alguien decide escribir un mensaje en un papel y lo manda a una casa, diciéndole a esa persona que, si no paga la extorsión, le va a quitar la vida a su hijo, hija o a esa persona misma y paraliza a esa persona de manera que no se puede controlar, ¿es un acto de terror o no lo es?”, prosiguió.

«¿O si no ha entregado el dinero esa persona, le está causando un daño el extorsionador? ¿O el daño se debe considerar, como dice actualmente el Código, que es daño hasta que paga?», agregó Hernández.

Enfatizó que de esa forma  ya se le está causando un daño a una persona, no solo porque lo intranquiliza, sino porque le causa terror saber que le pueden matar a su hijo o a su hija, “y eso es lo que tenemos que preguntarnos”.

Proteger al pueblo

Hernández dijo que deja las consultas al pueblo hondureño para que den la razón o no sobre si el Congreso debe actuar o no, “porque tenemos opositores a estas reformas y tienen nombre y apellido y nosotros creemos que debemos proteger al pueblo y no lo vamos a lograr con las normas del siglo pasado”.

Insistió en que “alguien, por ejemplo, imprime en una hoja de papel un mensaje de amenaza de muerte, la mete en un sobre y además le pone un proyectil y lo manda a dejar a una pulpería o una empresa, y bajo el actual orden de cosas no se considera consumado el acto de extorsión porque no se  ha entregado dinero todavía”.

El titular del Ejecutivo preguntó si esa acción «¿causa o no un daño?».

Si causa un daño el simple hecho de mandar esa nota con ese proyectil,  se debe tomar acción, señaló.

También puso como ejemplo cuando un mensaje de ese tipo llega en físico a una colonia, como ocurrió en Las Torres, en la capital, y le dicen a la gente que si no abandona las casas porque son de las pandillas les van a quitar la vida.

“¿Debe o no debe ser condenado eso?”, volvió a preguntar Hernández y por ello remarcó que “esas son preguntas que hay que hacerse”.

Protección a los operadores de justicia

El mandatario preguntó, asimismo, «¿qué pasaría si un policía militar o un agente de la Fuerza Antiextorsión, en un operativo de captura, llega el momento de enfrentarse al delincuente, que seguramente está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que no lo capturen, y en el enfrentamiento hay un cruce de balas, y muchos de los mejores operadores de seguridad llegan a pensar que si actúan de manera contundente pueden estar arriesgando a ir a pagar una condena a una cárcel?»

Explicó que muchos operadores de justicia no se sienten protegidos por el Estado y esto no significa impunidad de un servidor público, sino que se trata de que los servidores sientan que hay un Estado que en una situación muy especial, como esa, les va a saber proteger.

Sin embargo, enfatizó que eso no significa “que no deben de pagar si cometieron una arbitrariedad o un daño en contra de la humanidad de otro ser humano”.

Hernández dijo que “lo peor es que los operadores de justicia no saben si los van a mandar a una celda donde están los compañeros de las personas que capturaron”.

“¿Será justo que enfrenten un juicio, como deben de enfrentarlo, pero separados en una celda donde no vaya a correr riesgo su vida, pero que se les haga justicia?”, volvió a preguntar Hernández.

El enfrentamiento a la autoridad

También Hernández dijo que le preocupa que en un vecino país, como El Salvador, “grupos delincuenciales empezaron a enfrentar la autoridad en postas o retenes, no con agresiones verbales, sino a punta de balas, y eso ya está ocurriendo en Honduras”.

“¿Qué vamos a hacer con nuestros servidores públicos? Estos son temas que requieren de profunda discusión, de análisis a conciencia de lo que vivíamos en el siglo pasado y lo que vivimos hoy. Y que el Congreso nos apruebe lo que consideran que es justo para Honduras”, manifestó.

«Yo se los dije cuando tomé posesión: vamos de frente contra lo que es impunidad a los delincuentes se les acabó la fiesta, pero necesito el apoyo para los miembros de Fusina de parte del Congreso Nacional», dijo Hernández.

Asimismo, reconoció que “van a haber reacciones y es normal. Lo hemos visto en otros pueblos del mundo, pero ya vamos avanzando y lo peor que puede pasar es no apretar el paso y hacer las cosas bien, en base a principios y valores que deben ser irrenunciables para cualquier pueblo del mundo”.

Pero aclaró que en el Poder Ejecutivo, en el que él considera tiene la confianza del pueblo hondureño para dirigirlo, «no lo puedo hacer todo» y eso implica que el Ministerio Público, el Poder Judicial y los diputados apoyen las acciones contra la delincuencia.

A El Pozo no van solo sentenciados

Hernández también recordó el caso del pandillero Ariel Cálix, que es considerado como uno de los presuntos asesinos del periodista Igor Padilla en San Pedro Sula y mediante un tecnicismo judicial logró salir de la cárcel de máxima seguridad de Ilama (Santa Bárbara), más conocida como El Pozo.

“Miren lo que pasó con la persona que estaba en El Pozo: aplica a un beneficio, lo dejan libre y unas semanas después va a cometer esa barbaridad, ¿Cómo es posible que alguien no mire en el expediente que si lo mandaron a traer a El Pozo, aunque no estaba incluido en el expediente, pero allí estaba, es porque está en una condición de alta peligrosidad?”, indicó.

Remarcó que es bueno que todo el mundo sepa que a El Pozo no sólo va quien ya está sentenciado judicialmente, por cuanto a ese centro penitenciario deben ir los que están delinquiendo desde la cárcel.

“No tenemos que esperar que eso suceda, -que sea juzgado-, porque puede pasar un año cometiendo fechorías desde allí”, insistió.

Hernández afirmó que a un recluso con ese tipo de perfil hay que neutralizarlo cuanto antes, poniéndolo aislado para que no le haga más daño a la gente, “pero imagínense que, con cada medida de esas, se debe luchar incluso contra el mismo sistema en Honduras”.

En el tema de los derechos humanos, expuso a los servidores del Estado, a los hondureños y extranjeros que creen en los mismos, que “Juan Orlando Hernández también, pero igual les pido que se pongan en los zapatos del pueblo hondureño humilde y luchador que ha venido viviendo agobiado por estos criminales”.

El mandatario solicitó que también entiendan que las víctimas tienen derechos humanos “y a cualquier examen nos vamos a someter”.

Incluso, puso como ejemplo “lo que está pasando ahora en Estados Unidos con esos tiroteos  miren lo que está pasando ahora en México, lo que pasa en Europa, en el Medio Oriente. El mundo está en una situación compleja y no podemos enfrentarla con las mismas condiciones del siglo pasado”.

“Por lo menos yo no voy a cometer esa irresponsabilidad, porque lo primero es la defensa y la protección del pueblo hondureño”, aseguró Hernández.

“Los que se oponen a las reformas tienen nombre y apellido”

El mandatario hondureño cuestionó que “los que ya manifestaron su oposición (a las reformas penales) tienen nombre y apellido, tienen rostro, tienen expresiones tan contundentes que ellos han dicho claramente que se oponen, y esa es la dirigencia de Libre (Partido Libertad y Refundación)”.

Sin embargo, reconoció que gran cantidad de simpatizantes de ese instituto político no están de acuerdo con este criterio, “pero los que tienen la responsabilidad de votar y debatir en el Congreso son ellos (diputados)”, agregó.

Expresó además que “el expresidente (Manuel) Zelaya es bastante expresivo  algunas personas en Honduras le llaman a eso ser ligero de expresión, que como puede decir una cosa hoy, puede decir otra mañana”.

“Él (Manuel Zelaya) no podrá estar de acuerdo conmigo sobre este punto, pero estoy convencido que sabe muy bien que yo actúo por convicciones y en mi convicción está defender y proteger al pueblo hondureño que ha vivido aterrorizado”, continuó.

Asimismo, criticó que en el país ya hubo un Gobierno, en el reciente pasado, que pretendió negociar con las maras, tal como lo hizo en su momento un país vecino, que hoy se lamenta de esa decisión.

“Aquí hubo un Gobierno que durante ese tiempo aterrizaban avionetas con enormes cantidades de droga, que ha sido el principal factor generador de violencia en este país y en Mesoamérica a nosotros nos toca ahora enfrentar eso, no podemos llorar sobre la leche derramada”, acotó el titular del Poder Ejecutivo.

“Está en mi convicción enfrentar con todo esta lucha contra la inseguridad que ha generado tanto terror, yo sí comprendo lo que está viviendo la gente y mi deber es actuar”, añadió.

Hernández lamentó que algunos sectores de la oposición, por razones meramente políticas, siempre están en contra de todo, aunque existan cosas buenas, “y la gente lo sabe y eso va a tener su consecuencia electora el pueblo sabe lo que está sufriendo y sabe lo que necesita. Si no se lo quieren dar, cada quien será responsable”, sentenció el gobernante.

La protesta pública no será criminalizada

“Contundentemente les digo que la protesta pública no será criminalizada”, respondió el mandatario, al ser consultado sobre que ésta es una justificación que los parlamentarios de Libre esgrimen para no apoyar las reformas penales.

“Todo hondureño tiene derecho a protestar cuando cree que algo no se está haciendo bien o algo le perjudica, pero esa protesta tiene que ser respetando los derechos de los demás”, argumentó.

El presidente expuso además que, “si nos fuéramos a un restaurante de comida rápida o un comedor cualquiera a departir, como lo puede hacer cualquier ser humano en un país civilizado de repente ingresa un grupo de muchachos con una pañoleta para que no le miren el rostro y vienen con un tambo de gasolina y dicen: si no se salen le vamos a prender fuego a este restaurante, y le meten fuego, como ha ocurrido”.

“Yo les pregunto: si ustedes estuvieran con su familia allí departiendo, ¿lo verían como un acto de terror?, ¿o no es un acto de terror?, ¿o es una protesta pública a la que se tiene derecho?, consultó el presidente.

“Aquí no nos engañemos, entre gitanos, el otro no le va a leer la mano ustedes tienen la palabra”, parafraseó el mandatario.

Reiteró que cualquier ciudadano puede protestar, pero sin perjudicar ni agredir causando terror a los demás.

“Este país necesita orden, no es justo que sigamos viviendo así sus hijos y sus nietos no pueden más ya vivir en un país así. Necesitamos orden y la gente quiere orden, quieren que se les proteja para vivir en paz y tranquilidad”, puntualizó el gobernante de los hondureños.

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