Reforma a Ley de Administración Pública “no limita la potestad de investigación del MP”

Tegucigalpa. De ninguna manera, “la reforma a la ley de la Administración Pública limita la potestad de investigación y acusación del Ministerio Público (MP) ni busca blindar a los diputados”.

Así lo establece la Comisión Especial de Dictamen de Reforma al Artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública del Congreso Nacional, en un comunicado, luego de denunciar que algunos sectores tratan de engañar a la opinión pública.

“Refutamos la campaña mal intencionada de un sector político que trata de dañar la imagen del Congreso Nacional y de los diputados”, según la Comisión.

Su afán es el de ganar notoriedad y ganar espacios noticiosos en base a mentiras, “asegurando que esta iniciativa va encaminada a beneficiar a los diputados del Congreso Nacional, para que no seamos investigados por los órganos de justicia, cuando no es cierto”, agregan.

También señala que la Constitución de la República establece que el Congreso Nacional tiene la potestad de aprobar, derogar e interpretar las leyes, “por lo que todos los diputados tenemos iniciativa de ley”.

Destaca que no “podemos presentar un proyecto de ley o iniciativa porque ya están pensando que estamos beneficiando a los diputados o para que no los vayan a demandar”.

“Aclaramos que dicha ley no tiene alcances en ninguna área del Poder Legislativo, pues su propio nombre lo dice: Ley General de la Administración Pública”, apuntan.

Esa normativa rige únicamente las actividades de las instituciones centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo, señalan.

Por consiguiente, toda reforma que se haga de cualquiera de sus articulados no tiene ninguna repercusión ni beneficia ni afecta a ningún miembro del Poder Legislativo, puntualizan.

Asimismo, dicen que cualquier profesional del Derecho, medianamente entendido en la materia, conoce los alcances de esta ley.

“Por eso nos extraña que algunos diputados y analistas que son profesionales del Derecho, aparezcan en medios de comunicación, denunciando que esta reforma busca blindar a los diputados, “eso está muy alejado de la verdad”, subraya la Comisión.

Aseguran que la “intención de la reforma es eliminar un vacío legal que detectamos en la actual norma y es la de establecer las responsabilidades que tienen las personas que sin ser funcionarios públicos forman parte de las juntas directivas de varias instituciones del Estado”.

Pero ellos, representan a la sociedad civil, gremios, empresarios, obreros o profesionales que forman parte de organismos colegiados, por lo que sus decisiones pueden acarrearles responsabilidad administrativa, civil o penal, advierte el comunicado.

De igual manera, sostienen que, de ninguna manera, “la reforma limita la potestad de investigación y acusación del Ministerio Público (MP) por el contrario establece la ruta clara que se debe seguir para que esa persona no incurra en responsabilidad administrativa, civil o penal”.

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